Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, con 8.847 homicidios según datos de la Policía, y una tasa de 50,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, un 34 por ciento superior a la de 2024 y la segunda más alta de América Latina, solo detrás de Haití. El país, considerado hasta hace pocos años uno de los más seguros de la región, se convirtió en corredor del narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos.
El gobierno de Daniel Noboa convirtió el estado de excepción en su herramienta central de seguridad. Desde que declaró el «conflicto armado interno» en enero de 2024 y calificó de terroristas a 22 organizaciones criminales, gobierna bajo una emergencia casi permanente, con suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y despliegues militares en las principales provincias.
Pese a la movilización de decenas de miles de militares y policías, los resultados no acompañan el discurso. Especialistas advierten que la estrategia de captura de criminales de alto perfil desató olas de violencia en las cárceles y en las calles, sin desarticular las estructuras de fondo. La militarización se repite ciclo tras ciclo mientras el problema estructural permanece intacto.
A la crisis de seguridad se suma la fragilidad energética. Tras los severos apagones de 2024, con racionamientos de hasta catorce horas diarias, el Ejecutivo aseguró que no habría nuevos cortes, aunque para lograrlo debió importar electricidad desde Colombia y arrendar barcazas térmicas, con un fuerte costo fiscal. Seguridad y energía concentran los dos frentes más delicados de la gestión ecuatoriana.
Fuentes: Infobae, France 24, Primicias, Reporte Índigo y Crisis Group.
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